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La edil Secretaria de la Junta de Gobierno Local, Fanny Serrano, en su habitual comparencia de los viernes ha informado de la Junta extraordinaria celebrada el día 6 en la que se aprobó la adjudicación del expediente de contratación a la tercera empresa que se presentó al concurso para la demolición del edificio La Ballena.

Serrano ha explicado que la mesa de contratación tuvo que prescindir de segunda empresa, a la que se iba adjudicar el contrato, por no cumplir con los requisitos legales. En consecuencia se abrió un nuevo plazo de tres días para reclamar la documentación pertinente a la siguiente empresa y poder proceder a la adjudicación definitiva. La edil ha lamentado que los reiterados incumplimientos de las empresas hayan alargado este procedimiento y ha confiado en “la seriedad” de la nueva adjudicataria

En la citada Junta extraordinaria también se aprobó la contratación de la redacción del proyecto para la rehabilitación de las Eras de la Sal y el Museo del Mar y de la Sal.

Respecto a la Junta ordinaria celebrada esta mañana, en materia de contratación se ha subsanado documentación en el expediente de contratación de las obras de reparación de la fachada del Palacio de la Música, unas obras que cuentan con coste de 328.661’75 euros, “lo que supone el último paso para que la obra pueda ejecutarse”, ha señalado la edil. Además, se ha procedido al cambio de técnico en el expediente de contratación de los servicios municipales del albergue municipal y se ha dado luz verde al inicio del expediente para la adquisición de una plataforma elevadora de féretros para el cementerio municipal

Serrano también ha dado cuenta de los puntos relativos a sentencias judiciales. Por un lado, la defensa del Ayuntamiento en dos recursos contenciosos administrativos interpuestos por dos establecimientos que carecían de todo tipo de licencia y autorizaciones instalados en suelo no urbanizable en la zona de Punta Prima y por otro, se ha acatado la sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar a un policía local 23.450 euros por haber sufrido mobbing. 

La edil ha lamentado que estos hechos, “que vienen de años anteriores”, sean “tristemente reiterados”. La concejala ha explicado que ahora continuará el trámite hasta cumplir la sentencia y será en ese momento, una vez que el Ayuntamiento tenga que asumir el pago, cuando se podrá iniciar el trámite administrativo por el que, en su caso,  se puedan exigir las responsabilidades correspondientes derivadas de dicha sentencia, “un procedimiento administrativo con plazos y trámites tasados”, ha dicho. Igualmente, ha señalado que la sentencia condenatoria obliga al Ayuntamiento a activar un protocolo anti mobbing, “que ya está activado”.

Como viene siendo habitual, la JGL también ha tratado temas de disciplina urbanística, en concreto 8, todos ellos de imposición de multas coercitivas por no reponer la legalidad urbanística conculcada, en todos los casos se trata de obras no legalizables.

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