El concejal de Hacienda, José Hurtado, ha dado a conocer a la opinión pública la cuantía que arroja la suma de sentencias que lleva pagada y lo que le queda por pagar al Ayuntamiento por la “nefasta gestión del Partido Popular» en lo referente a la guardia y custodia de vehículos durante el período 1991-2008 y que con toda probabilidad ascenderá a 6.655.756,66 euros. En este “lamentable” contexto el edil ha aprovechado para referirse a la última propuesta del PP sobre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía.
El concejal de Hacienda ha recordado que el pasado mes de agosto de 2016 compareció para dar cuenta “de la terrible gestión del PP en lo referente a la guardia y custodia de vehículos durante el período 1991-2008”. Anunció en aquel momento el pago de una última sentencia, por importe de 118.470,09 euros, correspondiente a una factura presentada en mayo de 2008 y que el actual gobierno tuvo que incluir en el frustrado presupuesto de 2016.
En aquel momento explicó que “desde el año 2012 y hasta la fecha estaban cayendo sentencias, como un martillo pilón, que nos estaban haciendo afrontar el pago de facturas presentadas en el año 2008 y correspondientes a un largo período que abarca nada más y nada menos que 17 años. Al mismo tiempo planteábamos que no deja de ser curioso ese ‘limbo’ de facturación en el que se estuvo y nos preguntábamos de nuevo acerca de cómo se ha estado gestionando el Ayuntamiento durante todos estos años en los que el Partido Popular ha campado a sus anchas con sucesivas mayorías absolutas”.
El concejal ha considerado “aún más grave” que el hecho de haber desembolsado, a 4 de agosto de 2016, prácticamente 1,5 millones de euros es, como advirtió ya entonces, “que todavía hay facturas reclamadas y no conformadas en intervención y que, si continúan las reclamaciones judiciales, es más que probable que al final la terrible gestión del Partido Popular le cueste a las arcas municipales la friolera de 6.655.756,66 euros”. En este punto Hurtado ha hecho un inciso para reconocer que hubo un error en la anterior comparecencia y “se duplicó una de las cuantías, dije 2’5 millones y era 1’5” ha aclarado “para evitar cualquier tipo de especulación en ese sentido”.
A lo largo de su argumentación, el edil ha “lamentado” que aquella previsión del pasado agosto “se está confirmando con precisión de relojero y, lo que es peor, está dejando como calderilla lo que hasta entonces se había pagado. Entre costas, intereses de demora y principales pagamos, posteriormente a la sentencia citada, un total de 405.911,17 euros a lo que hay que sumar la friolera de 2.123.264,31 euros pendiente de pago (1.724.753,74 euros, 242.109,58 euros, 92.915,53 euros y 63.485,46 euros, entre principales e intereses, correspondientes a cuatro nuevas sentencias de noviembre y diciembre de 2016 y enero de 2017).
En conclusión, ha dicho que desde su última comparecencia acerca de este asunto, “la cifra ha aumentado en 2.529.175,48 euros, con lo que el camino hacia los casi 6,7 millones de euros, con los que nos hemos encontrado los herederos del desastre, se está recorriendo sin remisión”.
Aplicación de la sentencia sobre plusvalía
El concejal ha vinculado esta situación creada por el Gobierno del PP a la última propuesta de éste sobre la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional En este contexto, ahora que “todo hace pensar que Torrevieja va a tener un presupuesto con el que los ciudadanos van a poder visualizar actuaciones entorno a servicios que hacen falta, es en ese contexto en el que PP de Torrevieja, en un acto de irresponsabilidad supina sale diciendo que el Ayuntamiento ha de cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional y proceder a devolver la plusvalía a aquellos que están incluidos en la sentencia”.
En este punto ha asegurado que “de nuevo el PP habla con medias verdades y con falsedades ya que la sentencia hace referencia exclusivamente a la Comunidad Foral de Navarra y en segundo lugar el dice que es el legislador, el Congreso de los Diputados, el que tendrá que establecer las consideraciones del T.C. y objetivarlo”. Hasta que eso suceda el edil ha dicho que la Ley sigue siendo la misma y no hay “ningún criterio objetivo que permita aplicar la sentencia”.
Igualmente, ha indicado que es “curioso” que la medida que proponen no la pongan en marcha en “Ayuntamientos en los que gobiernan con mayoría absoluta o en coalición con otras fuerzas políticas. “¿Va a pedir el alcalde de Orihuela que se aplique?” ha cuestionado, igual que ha animado a preguntarse quién sale beneficiado si se incita a los ciudadanos a plantear recursos y a colapsar el Ayuntamiento, “¿Quién gana dinero con esto?”, ha dicho.
Por último ha insistido en que este tipo de actuaciones del PP, de las que ha dudado que sean “inocentes o fruto de la ignorancia” reafirman la certeza de que “tienen un miedo terrible a que se aprueben los presupuestos y se les acabe el chollo de cuanto peor mejor” y en este caso pretenden fastidiar “al maldito tetrapartito por la vía de mermar los ingresos”.
