La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy en su sesión ordinaria el proyecto que servirá para restituir la legalidad y devolver a la mercantil Travensa, propietaria tras una subasta del edificio donde estuvo ubicado la Casa Cuartel de la Guardia Civil en el Paseo Vista Alegre, los metros que el Ayuntamiento le usurpó ilegalmente al convertir la Casa del Jefe de las Salinas en la Sala de Exposiciones Vista Alegre. Obligados por una sentencia de 2008, que ratificó el Tribunal Superior de Justicia en 2011, el consistorio debería haber efectuado desde entonces las obras que según la resolución del juzgado consistía en devolver los 46m2 ocupados ilegalmente y que se corresponden con una parte del patio de la Sala así como a restablecer la salida a la vía pública del edificio colindante que se había bloqueado con la construcción de un muro. Además, la sentencia “obliga al pago del 15% de 198.000 euros” por la ocupación indebida.
La portavoz de la Junta, Fanny Serrano, ha explicado que lo que hoy se ha aprobado es el proyecto, que ha realizado la arquitecta municipal, y que consiste en establecer las obras de remodelación y reposición que requieren las actuaciones para demoler dos muros, en un caso desplazándolo para pasarlo a la línea de fachada y en el otro para desbloquear la salida al Paseo Vista Alegre al que tiene derecho la mercantil. Serrano ha comentado que se pusieron en contacto con ellos porque si bien la sentencia manifestaba que había 46,28m2 ocupados, la realidad es que al medir, esta ocupación era de algo menos “y ellos están de acuerdo en el proyecto y en cómo vamos a restaurar la legalidad a la que se nos obliga desde hace tantos años la ley y a la que se ha hecho caso omiso”, ha aclarado. El coste de la ejecución de la obra está estimada en unos 5.000 euros.
Otro de los puntos importantes del orden del día ha sido la aprobación por unanimidad de la modificación número 105 del Plan General de Ordenación Urbana que pretende cambiar la calificación del suelo destinado a la construcción del nuevo colegio Amanecer, que ya cuenta con el informe de viabilidad. “Estamos muy satisfechos de poder acabar con los barracones en Torrevieja y con este paso estamos mucho más cerca de poder conseguirlo”, ha dicho Fanny Serrano, quien ha explicado que parece un trámite complicado “pero no lo es porque se limita a un cambio nominativo. Actualmente la parcela está calificada como de uso dotacional múltiple, con el que el Ayuntamiento, incluso, podría darle la licencia al colegio –ha explicado- pero que para acatar la normativa de la Generalitat que estableció en 2014 que exclusivamente se podían construir escuelas en parcelas que tuvieran la calificación ‘educativa’, hay que hacer esta modificación para la que se inicia el trámite y que pasará un período de exposición pública, alegaciones y que finalmente deberá llevarse a Pleno para su aprobación definitiva”.Le edil también ha informado de que la demolición del edificio de La Ballena va a sufrir un retraso “contra toda voluntad del Gobierno” porque la empresa a la que se le había propuesto la adjudicación de la obra y que se había comprometido a ejecutarla este verano finalmente no puede firmar el contrato ya que según los informes técnicos “no cumple con los requisitos de solvencia técnica y económica” por lo que la mesa de contratación ha decidido requerir a la empresa que quedó en segundo lugar la documentación para establecer si ésta sí puede asumir la obra.
También en lo referido a expedientes de contratación, se ha aprobado el certificado de la mesa de contratación para requerir a la mercantil Elecnor documentación para la firma del mantenimiento de los centros de transformación de energía eléctrica propiedad del Ayuntamiento, así como el gasto menor con destino a la contratación de las fiestas de San Roque y santa Ana que tendrán un coste de 12.294,21 euros para las arcas públicas, y el suministro de material fungible para el desarrollo de la actividad física en las instalaciones deportivas municipales para el que se destinarán 21.734,02 euros.
En otro orden de cosas, se han abordado tres asuntos judiciales relativos a acatar sentencia en un caso, un decreto en el que el particular no llegó a formalizar la demanda, en otro, y en el tercero se ha aprobado personarse para defender los intereses del Ayuntamiento en una reclamación por plusvalía.
Se ha aprobado también la devolución de avales a la UTE que antes prestaba el servicio de mantenimiento de las zonas verdes ya que quien lo realiza en la actualidad es otra unión temporal de empresas y han variado las cantidades porque se han ampliado las zonas de conservación. Además, se han tratado 20 expedientes de disciplina urbanística relativos a restablecer la legalidad con la imposición de multas coercitivas u ordenando la demolición, solicitudes de anticipos de nómina de personal municipal y la certificación de reconocimiento de empleados públicos a distintos funcionarios de la Policía Local.
