La gestión indirecta del contrato de basuras va a suponer un sobrecoste de 110 millones de euros a los ciudadanos de Torrevieja

El portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, considera que se alarga la vida útil y el período de amortización de la nueva maquinaria en 15 años para justificar un «pelotazo» y asegura que el sobrecoste para los vecinos de la propuesta con respecto a la municipalización supera los cien millones de euros

El recurso advierte que el municipio no puede financiar los 25 millones de euros anuales que costará el servicio, no se realizó pleno para escoger el modelo de gestión, y el expediente carece de los informes sobre la existencia de crédito disponible este año y el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.

Sueña Torrevieja, con un concejal en la corporación de Torrevieja, ha presentado un recurso especial «contra el procedimiento de licitación de la recogida de basuras y limpieza viaria y de las  playas y los acuerdos previos que dieron lugar» al concurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Para Samper «está muy bien tener el mejor servicio de aseo urbano del mundo mundial, y regalarle ocho millones de euros a los bancos, 55,5 millones a la empresa adjudicataria 35,4 millones al Ministerio de Hacienda, pero Torrevieja no tiene capacidad de financiación, ni la tendrá en los próximos 15 años, para gastarse  a razón de 25 millones al año, más los gastos de vertederos de residuos sólidos urbanos, más las revisiones de precios de 13 años teniendo en cuenta que dependen casi exclusivamente de los ingresos del Impuesto de Plus Valía». Ingresos que la formación considera que van a caer de forma sustancial pese a que las previsiones de los técnicos, previas a la crisis sanitarias, hablan de incrementos millonarios.

El portavoz de Sueña Torrevieja, el edil Pablo Samper explica que «se recurre tanto la licitación del contrato como a los acuerdos de las juntas de gobierno local de 8 y 12 de mayo de 2020, la vida útil de las inversiones y sus correspondientes períodos de amortización lineal, y los criterios de adjudicación basados en juicios de valor del contrato».

Este mismo tribunal detectó deficiencias en el anterior proceso de adjudicación impulsado por el gobierno de coalición de izquierdas en minoría tras un recurso de Comisiones Obreras -los sindicatos guardan silencio ahora- y otro de Acciona -la empresa que realiza el servicio desde 2004, sin contrato desde junio de 2016-.

En función de esas deficiencias el actual equipo de gobierno del PP encargó a finales de 2019 nuevos pliegos a una empresa externa pese al informe en contra del técnico de Recursos Humanos y decidió impulsar un nuevo concurso cuando las empresas ya habían presentado plicas al anterior.

Samper explica que, en primer lugar, la aprobación en junta de gobierno local, de 8 de mayo de 2020, del expediente, convocatoria de licitación carece, a su juicio, de los informes preceptivos, como son el informe del órgano de contabilidad sobre la existencia de crédito disponible y el informe de intervención del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En segundo lugar, el recurso considera irregular la falta «de acuerdo plenario sobre la forma de gestión del servicio». El escrito al Tribunal remarca el déficit del «servicio presente y futuro». Entre otros factores, por el incumplimiento durante 18 meses seguidos del período medio de pago a proveedores, que se «agravaría con un servicio cuyo coste anual es superior al actual en más de 10 millones de euros o por el sobrecoste de la gestión indirecta, «el hecho cierto de que el servicio mediante gestión indirecta, le va a suponer a las arcas municipales, y por tanto a todos los ciudadanos de Torrevieja, un sobrecoste sobre la gestión directa, de más de 109,5 millones de euros, no teniendo capacidad financiera para afrontarlo».

También, incide Sueña Torrevieja, en el hecho de que la vida útil de la maquinaria se prolongue en el contrato a 15 años y por lo tanto, también su amortización. «Vida útil prevista en los pliegos están fuera de los límites máximos legales y alejados de la realidad, que en unos casos, por defecto, dejarán obsoletos a los vehículos y maquinaria de residuos sólidos urbanos, contenedores, papeleras, etc, y en otros casos por exceso, supondrán un gasto extra innecesario en los vehículos de limpieza viaria, limpieza de playas, vehículos comunes, etc».

Sueña aseguró en un pleno que este plazo de 15 años de amortización de la compra de maquinaria y vida útil estaba pensado exclusivamente para justificar «el pelotazo» que supone un contrato de más de 460 millones de euros.

Por último, el escrito ante el Tribunal remarca que «los criterios de adjudicación que dependen de juicios de valor, el exceso de la dependencia de los juicios de valor, que los hacen prácticamente decisivos para adjudicar el contrato».

Para Pablo Samper, «desde el primer momento nos han surgido dudas sobre las intenciones del Partido Popular en la aprobación del nuevo pliego que se han ratificado tras el estudio del mismo. Si hay un partido que no está capacitado para dar lecciones sobre contratos de basura en Torrevieja y sobre su legitimidad ese es el PP: por eso con este recurso queremos evitar que Eduardo Dolón, en su segunda etapa como alcalde, conduzca a la ruina a Torrevieja por segunda vez en su historia como ya lo hizo en 2012″.

Abundando en estas dudas, Sueña Torrevieja se pregunta -y se lo preguntó también en el último pleno ordinario al alcalde Eduardo Dolón -cómo se va a financiar un hipotético presupuesto anual para el servicio de 25,9 millones, «contando con unos ficticios ingresos del impuesto de Plusvalia 25,7 millones de euros para 2020».

En el presupuesto aparece un  supuesto pendiente de ingresar del trienio 2017 a 2019, durante el que estuvieron paralizadas temporalmente las liquidaciones por una sentencia judicial a nivel estatal, por importe aproximado de 9,5 euros. También «unos supuestos ingresos ordinarios» del propio ejercicio 2020, calculado según la media de los ejercicios 2014 a 2016, de 16,2 millones de euros, «como si el año 2020 en plena crisis del coronavirus fuese normal para conseguir ingresos ordinarios de plusvalía».

Para la formación las «consecuencias serían muy graves en los próximos 15 años con un déficit de ingresos no financieros ordinarios medio de más de 13 millones de euros al año, sin contar las ampliaciones ni las revisiones de precios, que podrían incrementar dicho déficit en más de 19 millones al año, si se amplía el servicio, por lo que la situación sería insoportable para el equilibrio presupuestario, complicándose hasta límites insospechados en el medio y largo plazo, a la vista de la correlación directa existente entre el peso económico de los ingresos de plusvalía y el coste de los servicios de aseo urbano».

Según las estimaciones de Sueña Torrevieja «no habría ingresos extraordinarios del impuesto de plusvalía, estimados en 2020 en más de al año, porque lo que sí es totalmente cierto es que, a partir de 2021, no existirían ingresos de plusvalía extraordinarios por los expedientes pendientes de liquidar de los años 2017 a 2019».

Además, ingresos ordinarios serán muy inferiores a la previsión en época de crecimiento económico de 16,2 millones al año. La formación recuerda que tras la crisis de 2008, con una recesión de la mitad que la actual crisis del coronavirus, los ingresos por este impuesto oscilaron entre un mínimo de 5,2 millones en el año 2009, pasando a 6,8 millones en 2010, 8,8 millones en 2011, 11,2 millones en 2012, 14,6 millones en 2013, y 15,5 millones en 2014. Al final de su mandato en mayo de 2023, el actual alcalde «nos dejaría por segunda vez -Sueña hace referencia al primer mandato de Eduardo Dolón entre 2011 y 2015- el Ayuntamiento de Torrevieja arruinado e intervenido por el Ministerio de Hacienda, con un déficit acumulado de más de 55 millones de euros, y un plan de Ajuste que dejaría en una anécdota el que tuvo que aprobar en su primer mandato, y una ciudad posiblemente más limpia por las calles, pero también se quedaría «limpia» y sin un duro en las arcas municipales».

La misma fuente asegura que el sobrecoste de la gestión indirecta -la adjudicación a una empresa- es 98,8 millones en 15 años superior a una gestión directa municipalizada, a razón de 6,6 millones al año «repartidos entre que se llevarán intereses del 4,5 %, lo que supondrá en 15 años, a razón de más de medio millón al año, empresa adjudicataria 38 millones en el 13 % para gastos generales en 15 años, lo que suponen más de 2,5 millones anuales y los 17,5 millones en el 6 % beneficio industrial en 15 años, lo que supone casi 1,2 millones más al año. ndo recaudado en los últimos 11 años tras la crisis financiera de 2008, es decir de 2009 a 2019, menos de  de euros, lo que supone menos de al año». Además, el Ministerio de Economía y Hacienda recibiría el 10 % de IVA, de euros más en 15 años, a razón de casi 2,4 millones de euros al año. Un IVA que no pagaría el Ayuntamiento con una gestión municipalizada como la que lleva a cabo el Ayuntamiento de Guardamar o el de Orihuela, por ejemplo.

Fuente: Diario Información