Según se señala en el Auto de 27 de mayo de 2021 la adopción de las medidas
cautelares no puede confundirse con un enjuiciamiento sobre el fondo del
proceso ya que el órgano judicial no debe pronunciarse sobre las cuestiones
que corresponden resolver en el proceso principal.
Los portavoces de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, y de Los Verdes, Israel Muñoz,
comunican que “la juez entiende que han de prevalecer los intereses generales y la
presunción de legitimación de la actuación administrativa en defensa del interés
general, procediendo al levantamiento de la medida provisionalísima, pero ello SIN
ENTRAR EN EL FONDO DEL ASUNTO, que es el grueso del recurso presentado y que se
basa en los siguientes argumentos que son necesarios poner de manifiesto:
1º) No ha informado hasta 27 reclamaciones de Sueña Torrevieja:
a) 9 reclamaciones sobre el capítulo 1 de gastos
b) 4 del escrito 44 sobre el capítulo 2 de gastos de distintos grupos de
programas.
c) 1 del escrito 60 sobre el anexo de inversiones.
d) 9 de los escritos 50 a 58, sobre la tasa de espectáculos, ICIO, IBI, plus valía,
algunas tasas de devengo puntual y precios públicos, etc.
e) 4 del escrito 64 sobre el Instituto de Cultura
2º) Ha aceptado que existen infinidad de errores en hasta 50 reclamaciones de los grupos que han presentado reclamaciones, que, según sus palabras, pueden y deben corregirse, e incorporar los documentos al expediente con las correcciones
manifestadas por los alegantes, y dichos documentos corregidos no se han incluido en el expediente:
a) 44 del escrito 1 sobre los anexos de personal.
b) 1 del escrito 59 sobre el anexo de beneficios fiscales.
c) 3 sobre el escrito 85 sobre el Patronato de Habaneras (1 sobre la plantilla
de personal, 1 sobre el anexo de personal y 1 sobre la Memoria de la Presidencia).
d) 1 sobre el capítulo 1 de gastos del PSOE.
e) 1 sobre el capítulo 2 de gastos del PSOE.
Esperamos desde Sueña Torrevieja y Los Verdes, “que el equipo de gobierno no
ponga más excusas sobre su ineficaz gestión, que no siga culpabilizando,
criminalizando y señalando a los legítimos representantes de la oposición, y proceda a aprobar los presupuestos que ya tuvieron que llevarse a pleno el 15 de octubre de 2020 y lo hicieron tres meses tarde, todo ello sin perjuicio a que sigamos cumpliendo con las obligaciones y responsabilidad que implica ser concejal y cargo público, que es fiscalizar y velar por el cumplimiento escrupuloso de la legalidad vigente”.
